La Ruta por la Igualdad recala en Soria respaldando el compromiso del PP con la aplicación máxima de las ayudas al funcionamiento aprobadas por la U.E.

La Ruta por la Igualdad puesta en marcha por el Partido Popular, que tiene previsto recorrer 15.000 kilómetros por todas las capitales de España, ha recalado esta mañana en Soria para, como ha señalado la senadora y vicesecretaria Nacional de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, defender los valores constitucionales, los derechos y libertades democráticos y la nación.

Martín ha denunciado que el gobierno de Pedro Sánchez está siendo extorsionado por los independentistas, por lo que supone una amenaza para la igualdad, puesto que España no puede pagar el precio de la compra de un Gobierno que ha supuesto un cheque en blanco a quien le garantice su estatus de presidente, a quién no le importa perjudicar a su país para beneficiarse.

La Ruta por la Igualdad, ha remarcado Paloma Martín, viene a reivindicar que no debe haber ciudadanos de primera y de segunda como plantea el Gobierno de Sánchez, porque todos los españoles tienen el derecho de tener los mismos servicios públicos y las mismas infraestructuras, y que ser independentista no debe garantizar mejores carreteras, más inversiones o más dinero.

Paloma Martín ha destacado que en el Gobierno hay ministros que teniendo entre sus competencias el Reto Demográfico trabajan en contra del medio rural, poniendo trabas para que no se generen actividades allí donde son más necesarias.

El presidente del Partido Popular de Soria, Benito Serrano, ha recordado la concentración respaldada masivamente por los sorianos contra la amnistía que dejó bien claro la posición de Soria contra la deriva del Gobierno de Sánchez, más preocupado por satisfacer las exigencias de los nacionalistas e independentistas, que en trabajar por la unidad y la igualdad de todos los españoles.

Serrano ha hecho hincapié en denunciar que el Gobierno es rehén de sus socios independentistas y está impidiendo que Soria, Cuenca y Teruel apliquen al máximo de su potencialidad las ayudas al funcionamiento autorizadas por la Unión Europea, equivalentes al 20% de los costes laborales. Ahora solo se aplica de forma muy restrictiva y supone un ahorro de 7 millones a las empresas sorianas, en caso de aplicar el máximo supondría una cifra de 228 millones de euros y una creación de 2.780 nuevos empleos.

Rocío Lucas, en representación de la dirección Regional del PP de Castilla y León, ha destacado los incumplimientos con la provincia de Soria del Gobierno Socialista, como la paralización de la presa del río Mayor, y el agravio que supone la no aplicación al máximo de las ayudas al funcionamiento.

Por su parte la portavoz popular en el ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha destacado la dependencia del Gobierno de Sánchez con los siete diputados independentistas, que le marcan todo su camino, olvidándose del resto de provincias necesitadas.