Comunicado Senador Javier Jiménez Santamaría

Javier Jiménez Santamaría, senador del Grupo Parlamentario Popular emite el siguiente comunicado en relación a la respuesta del Gobierno donde expone que el límite de plazas establecido por la Junta de Castilla y León no afecta al CAPI de Soria según un informe de la Abogacía del Estado:

Si quieren imponer el Centro de Refugiados que pregunten a los sorianos y a los vecinos de los Royales y no a un informe partidista.

Si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones cree que la normativa autonómica que limita el número de plazas no afecta al CAPI de Soria y que es competencia del Estado que recurran a la justicia y no un supuesto informe de la Abogacía del Estado que solo deben conocer los socialistas.

No conocemos el contenido de ese informe porque no ha sido publicado oficialmente, pero lo que sí sabemos es que esa consulta, en cualquier caso, es partidista y deliberada para a dotar de legalidad a la imposición de crear un centro sin ningún tipo de garantías para los inmigrantes que serán acogidos ni para el resto de sorianos.

La orden de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León que se publicó el 7 de noviembre de 2024 (Orden Fam/1160/2024) es clara y limita el número de plazas a los Centros de Acogida de Protección Internacional a 120 para las poblaciones de más de 20.000 habitantes, 72 para los ubicados en localidades de entre 10.000 y 20.000, y 60 para los municipios de menos de 10.000 habitantes. Soria podrá acoger a 120 menores, y no a 203 como tiene proyectado el Gobierno.

En cualquier caso, el Partido Popular no aceptará la apertura del centro de refugiados en Soria hasta que el Gobierno defina y establezca un plan real para la inserción social y laboral de los menores una vez que venzan los plazos de estancia, se ajusten a la normativa autonómica y hagan a los catalanes y a los vascos cumplir con las mismas obligaciones en inmigración que tenemos el resto de españoles.

Ellos solo se preocupan por los réditos electorales que les pueden dar sus populistas políticas migratorias y el Partido Popular tiene la obligación de velar por los derechos y la seguridad de los menores acogidos y también de la seguridad de nuestros ciudadanos.

El Partido Socialista asegura que trabajan de forma eficaz en la “planificación, desarrollo y gestión de programas de atención humanitaria” y el Partido Popular se suma a ello, pero también exigimos que esa planificación, desarrollo y gestión se implante para la inserción social y laboral de los inmigrantes.

Si el señor Martínez y el señor Latorre quieren imponer este centro a través de un informe que no es público y que en todo caso, es deliberado y dirigido por una sucursal sanchista, que insten a sus jefes a llevar a los tribunales la orden de la Consejería de Castilla y León que es clara.

Si ellos consideran que la competencia estatal sobre migración prevalece sobre la orden regional que regula la materia de servicios sociales, este conflicto de competencias debería resolverse por otra vía diferente a la imposición. A los sorianos y a los vecinos de Los Royales no nos han preguntado y algo deberíamos decir en todo esto.